Las elecciones del 20-D han producido un nuevo escenario de gobernabilidad en España. Durante 33 años, el derechista Partido Popular (PP) -antes Alianza Popular- y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habían dominado la escena política española. Sin embargo, en esta oportunidad apenas alcanzaron el 50 por ciento de los sufragios en comparación a las elecciones del 2011, donde los dos concentraron el 73 por ciento de las preferencias en la Cámara.
Los grandes responsables de esta debacle resultan ser parte de una nueva generación política encabezada por dos partidos: Podemos y Ciudadanos. Podemos, el partido del l'enfant terrible de la política española, Pablo Iglesias, surgiría luego de las protestas de los indignados el 2011. Lo que nació como un movimiento de profesores de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, pronto se convirtió en un partido de izquierda de alcance nacional que atrajo a votantes del PSOE y casi hizo desaparecer a Izquierda Unida. Ciudadanos, por su parte, emergería como un partido de izquierda en Barcelona, que lentamente se extendiera por todo el país, posicionándose en la centro-derecha entre el PP y el PSOE.
La fuerza que poseen estos nuevos partidos es producto de la crisis económica española y el desencanto de los electores con las medidas de austeridad del gobierno de Mariano Rajoy (PP) y el tipo de oposición ejercida por el PSOE. Pero también es un aspecto generacional, donde tanto Podemos como Ciudadanos han sabido atraer al elector joven, aburrido con la “vieja política”, lo que queda de manifiesto en uno de los slogans de campaña del propio Podemos: “maldita casta, bendita gente”.
Si bien tras las elecciones del domingo, el PP y el PSOE siguen concentrando la mayoría de los sufragios, una nueva era política se ha abierto para España. El ganador Partido Popular (PP) obtuvo sólo 123 escaños, lejos de la mayoría absoluta de 176 que le permite formar gobierno, lo que lo obliga a pactar con los demás. Tras una campaña dura de descalificaciones esto se convierte en una tarea titánica. En el pasado, cuando el partido ganador no alcanzaba la mayoría, solía pactar con partidos nacionalistas autonómicos pequeños, pero en esta oportunidad eso ya no basta.
La constitución española establece que el rey es quien propone al candidato a la presidencia del gobierno, quien es investido si obtiene la confianza de la mayoría absoluta de los diputados en la primera votación o, la mayoría simple en la segunda convocatoria, 48 horas después. Sin la mayoría absoluta, Rajoy apuesta a una abstención masiva en la segunda convocatoria, la que sólo apoyaría Ciudadanos y que rechazarían los otros partidos. De no lograrse esa mayoría, el rey puede proponer otros candidatos que siguen el mismo proceso, lo que le daría una oportunidad a los otros partidos. El ejemplo de Portugal donde los socialistas -a pesar de no ser los más votados- lograron quedarse con el gobierno apoyado por una coalición de izquierdas, es un fuerte aliciente para que el PSOE de Pedro Sánchez rechace cualquier acuerdo. Si luego de dos meses de la primera votación no se logra acuerdo, se disuelve la legislatura y se convoca a nuevas elecciones generales.
Nadie quiere una repetición de las elecciones, pero como las posibilidades de la presidencia siguen abiertas para todos, éstas serán unas intensas y negociadas fiestas de navidad y año nuevo. El regalo para quien negocie mejor y esté dispuesto a las mayores concesiones será la presidencia del gobierno. Hasta ahora, una sola cosa es clara: el 20D ha cambiado España para siempre.
