Este mediodía, la Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Georgiana Braga-Orillard, sostuvo un cordial encuentro con estudiantes del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, principalmente del recién concluido Diploma de Postítulo “Mujer y Políticas Públicas Globales”.
En la ocasión, Braga-Orillard se refirió a los desafíos de la política pública y el Sello de Igualdad de Género, destacando -entre otros puntos- que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde en la última década las tasas de violencia no han descendido; la segunda con la tasa más alta de embarazo adolescente, donde casi el 18% de los nacimientos se producen de madres menores de 20 años.
“Ante esta realidad, urge reconocer la gestión del riesgo social como un aspecto clave de la protección social; promover políticas con perspectiva de género en diferentes frentes; garantizar el acceso universal a los servicios básicos; situar la cohesión social en el centro y construir un nuevo pacto social, y abordar los desequilibrios de poder y la violencia en todas sus formas”, sentenció.
Asimismo, afirmó que la igualdad de género sigue siendo un desafío pendiente para la superación de la pobreza.
Sin perjuicio de lo anterior, la Representante Residente de PNUD en Chile -basándose en datos de la CASEN 2023- destacó que, pese a haber enfrentado el estallido social, la pandemia y una elevada inflación, el país logró implementar una serie de medidas fiscales que permitieron mitigar los efectos negativos de estas crisis. Pese a ello, las cifras continúan siendo preocupantes: “En Chile el tamaño de los hogares ha venido disminuyendo progresivamente. Entre 2017 y 2022 lo hizo en un 8,1%. En tanto, el porcentaje de personas que residen en hogares donde la mujer es la jefa de hogar aumentó de 37% en 2017 a 49% en 2022”.
Es por ello que recomienda reactivar el crecimiento económico inclusivo y sostenible y, al mismo tiempo, reducir las desigualdades, por ejemplo, eliminando las barreras estructurales que limita el acceso al trabajo; promover la reinserción laboral, y fortalecer los subsidios de los desempleados, de manera de garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
En la oportunidad, Braga-Orillard también se refirió al Sello de Igualdad para instituciones públicas, dando claves para la certificación en esa materia.
