Ayer se realizó el cierre del Encuentro de Diálogos sobre Política Exterior Feminista, organizado por la Cátedra Centroamérica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile; el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador; el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala, y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica.
En la ocasión, el tema central de la actividad fue la Política Exterior Feminista y la Seguridad, panel en que participaron la Dra. Hazel Bolaños Vázquez, de la Universidad de El Salvador; Sylvia Mesa, del CIEM de la Universidad de Costa Rica, y Sebastián Osorio, de la División de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
La Dra. Bolaños Vázquez abordó los desafíos en la región norte de Centroamérica ante la trata de personas, especialmente en mujeres y niñas desde la perspectiva feminista, basándose en datos del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador y que da cuenta varios hallazgos, como el descenso de este ilícito durante el período más álgido de la pandemia. Pese a ello, también se detectó un aumento en la impunidad en los países de origen, lo que se traduce en un mayor número de víctimas hacia más destinos.
“La guerra y los conflictos son terreno fértil para los tratantes y en este contexto, los niños y hombres representan una mayor proporción de las víctimas detectadas a medida que surgen nuevas formas de explotación. Sin perjuicio de lo anterior, son las mujeres y los niños los que sufren de mayor violencia a manos de los tratantes”, explicó.
Asimismo, planteó como principales desafíos la necesidad de promover la participación y liderazgo de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones para prevenir la trata de personas, así como la atención a víctimas y el compromiso real de los Estados de la región, a través de tratados y acuerdos internacionales que promueva la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
El caso argentino
Por su parte, Sylvia Mesa dio cuenta del Informe del MESECVI sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito político en Argentina - 2023”.
Mesa reconoce que en el caso particular de Argentina se da una fuerte participación de las mujeres en la vida pública y el año 2002 se producen tres hechos de violencia muy importantes (Caso de Las Ramonas, el intento de asesinato de Cristina Ferández y la agresión verbl y gestos obsenos en contra la presidenta de la Cámara de Diputados), que provocan que el Comité de Expertas (CEVI) remita tres comunicados. Luego en 2023, la encargada de la PEF en Argentina le solicita al mecanismo hacer una visita in situ, lo que se materializa el 1 de marzo de este año.
“En el contexto argentino ha habido avances institucionales y legales. Asimismo, se ha logrado visbilizar y crear mecanismos para atender la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Sin embargo, otros tipos de violenica contra mujeres, sobre todo lso que ocurren en el ámbito público, aún son invisibilizados y tolerados”, sentenció.
Resolución 1325
Finalmente, Sebastián Osorio, de la División de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se refirió a los alcances de la Resolución 1325 para la protección de las mujeres.
Durante su exposición, Osorio dio a conocer las principales características de esta resolución, tendientes a prevenir y resolver conflictos, abogar por el mantenimiento de la paz, generación de respuestas humanitarias y reconstrucción post conflictos.
“La idea es que los Estados participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género, en que se incluya las necesidades especiales de las mujeres y niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, integración y reconstrucción post conflicto”, explicó.
Asimismo, agregó que es necesario que se adopten las medidas para apoyar iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de conflictos “con el objetivo de hacer participar a las mujeres en los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz y las medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de mijeres y niñas, particularmente en lo relativo a la Constitución, sistema electoral, policía y sistema judicial”, concluyó.
